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Elecciones presidenciales en Chile: Táctica y estrategia

Español: El acceso de la Unidad Popular al gob...

1. El uso de una, de otra o de combinadas formas de lucha bajo la dictadura del capital y sus relaciones de clase y de poder, durante toda su historia, está determinado por la lucha de clases. Independientemente de los deseos o ideología de un sujeto individual, de un grupo de interés, o de una clase social en particular, sea parte de la hegemonía o de los hegemonizados.

2. La totalidad de un modo de producción y reproducción de la vida consiste en el conjunto de las relaciones sociales que caracterizan una manera histórica de existencia, de asociación, de continuidad y ruptura entre humanidad y naturaleza, en un momento dado. Esas relaciones sociales se desenvuelven a través del conflicto. Allí concursan variables multidimensionales, de las cuales unas son más relevantes que otras. No es lo mismo una guerra mundial que la formación de un sindicato. No es lo mismo el cambio climático que la quiebra de un banco en la India. Sin embargo, en cada uno de esos fenómenos se manifiesta el movimiento contradictorio e irreductible de la lucha de clases.

3. Entonces, la totalidad es un movimiento dialéctico que en la actualidad se resume como la fase de un capitalismo mundializado y maduro, donde predomina el imperialismo financiero y especulativo, la deuda, el despojo, la explotación intensificada del trabajo humano. La contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y sus relaciones sociales, o entre la apropiación privada del excedente que sólo produce socialmente el trabajo humano, es clara para quien quiera ver. Únicamente a la conciencia y conducción de la minoría gran propietaria le cabe oscurecer, a través de mediaciones alienantes, la cualidad histórica y finita del modo de producción capitalista y fomentar la falsa naturalidad de la sociedad de clases. Esa conciencia de los que mandan y dominan provisionalmente se vale no sólo de los altos mandos militares y la propiedad de la industria armamentista. Para producir el consenso ampliado de sus intereses y, en consecuencia, un tipo de gobernabilidad inestable, debe controlar y controla los contenidos y maneras de los medios de comunicación de masas, la producción de un sentido común determinista y fatal, y el disciplinamiento operativo en los ámbitos del consumo, educativos, laborales, recreativos y represivos. Asimismo, cuenta con la complicidad de la alta oficialidad religiosa y con la industria de intelectuales orgánicos que, tanto institucional como informalmente, fabrica los relatos mistificados para fortalecer el presente orden de las cosas y su normalización.

Ese oscurecimiento está destinado a la sociedad en general, incluida la minoría dominante, y para los dominados en particular.

Los pocos gozan de las granjerías que les posibilitan la mala vida y el permiso de los muchos. Sus políticas tanto de fondo como de utilería teatral son la dictadura del capital y la democracia representativa, aparente y funcional.

Sin embargo, la cuestión no es ‘dar vuelta la tortilla’ por un puro asunto de justicia social milenaria. Ahora mismo las clases explotadas y expoliadas, las grandes mayorías, contienen en su desenvolvimiento conflictivo las potencias objetivas para superar la sociedad de clases. Esto es, pueden conciente e históricamente precipitar su disolución como humanidad subordinada, cuando enfrenten el término del modo de producción capitalista.

4. Para transformar la vida y demoler el viejo orden es imprescindible la comprensión conciente de la realidad concreta y contradictoria del capitalismo y su presente fase por parte de las formaciones políticas revolucionarias –es decir, de aquellos conjuntos de personas anticapitalistas y armadas poli-éticamente de vocación de poder- capaces de formular no sólo un proyecto de sociedad nueva desde y entre los de abajo (y cuyas pistas están en las propias fracturas tecnónicas y sin remedio de la sociedad actual), sino también una estrategia y las tácticas adecuadas según el movimiento real del capitalismo y a la parte que en él le toca a la mayoría malviviente. Si bien las formas determinantes de la emancipación son todavía nacionales o regionales, su contenido, hoy más que ayer, permanece condicionado por las relaciones de fuerzas internacionales. El sistema mundo nunca fue antes tan total.

5. La minoría dominante que ofrece contenido, sentido y horizonte al Estado de Chile es un complejo de facciones de clase dependiente de los imperialismos centrales, y sobre todo del norteamericano. La burguesía chilena nunca fue revolucionaria. Siempre ha sido rentista y transnacionalizada. Su breve período cuasi industrializador y sustitutivo de importaciones dentro del caduco paradigma desarrollista de mediados del siglo pasado, no pasó de ser una coyuntura presionada por la segunda guerra mundial y la existencia de la Unión Soviética. En efecto, las políticas imperialistas de la Alianza para el Progreso (administración Kennedy) para Chile y América Latina sólo tuvieron por objeto aminorar las formas más explícitas de la lucha de clases y reprimir el ‘peligro comunista’ proveniente del ejemplo de la Revolución Cubana. Sin embargo, y premeditadamente, los conocimientos científicos y técnicos estratégicos siempre fueron monopolizados por la burguesía imperialista. Su fin también era ‘poner al día’ a Chile para su mejor explotación de acuerdo a los requerimientos del capital en la división internacional del trabajo. Esto es, para que el territorio chileno –al igual que todo el denominado ‘tercer mundo’- funcionara como proveedor de recursos naturales y trabajo barato para los Estados planetarios hegemónicos.

Pero Chile no sólo es cobre, litio, celulosa, harina de pescado, unos cuantos salmones y dos botellas de vino. Para el Estado corporativo estadounidense es la cuna experimental y paradigma de la vanguardia ultraliberal, plataforma de financiarización y negocios asociados para la región, y es un bien simbólico por la derrota de la Unidad Popular en 1973 y la imposición temprana del orden monetarista del liberalismo más rabioso.

6. Cuando se afirma que los pueblos y los trabajadores, que el conjunto de las fuerzas sociales que en Chile, conciente o inconcientemente, con su acción social se enfrentan a la dictadura del capital no tienen más remedio que emplear todas los medios y formas disponibles según la situación concreta de la lucha de clases, es preciso diferenciar aquellas formas estratégicas de las contingentes. Los instrumentos políticos que expresan los intereses de las grandes mayorías, lejos del eclecticismo y la conciliación de clases, están condenados a elaborar tácticas complementarias y flexibles, y que nunca pierdan de vista hacerse de todo el poder. No de una fracción, sino de todo el poder. No existe otra condición posible para el ejercicio pleno de la democracia radical, la superación del capitalismo y la socialización de todos los ámbitos de la vida.

Ahora bien, lo estratégico en materia de promoción de una mayoría crítica creciente, práctica y teóricamente, se encuentra hoy en la acción directa de los movimientos sociales con miras a la creación de otro momento de la lucha de clases: el poder popular.

En este marco, la participación del anticapitalismo en el momento electoral organizado por la democracia burguesa, no fortalece al sistema por sí mismo, en tanto el o los instrumentos políticos del pueblo nunca dejen de subordinarse a la estrategia arriba descrita. Se trata de participar en un momento, y no de hipotecar, canjear o clientelizar al movimiento social y político del pueblo por una simple campaña electoral.

En consecuencia, la campaña electoral se emplea como táctica circunstancial con el fin de amplificar los contenidos provenientes del propio pueblo en lucha en un espacio que todavía ofrece la democracia restringida, tutelada, burguesa, etc., en Chile por razones explicables en otro borrador. Es imposible negar que las elecciones en el país dan tiempo y visibilidad en los medios de comunicación masivos a quienes participan en ellas. Y quien refute el impacto agitador, político, constructor de opinión, etc., de los grandes medios de masas, tendrá que estudiar sus efectos sobre la realidad desde la Alemania nazi hasta el imperialismo contemporáneo. Como botones de muestra frescos: el objetivo imperialista (norteamericano, israelí, de parte de Europa) de hacerse de los recursos petroleros de Medio Oriente fue capaz, mediáticamente, de convertir la invasión a Afganistán en ‘una lucha contra el terrorismo’; la destrucción de Libia en ‘evitar una masacre de civiles’; la ocupación de Iraq en ‘la búsqueda de armas de destrucción masiva’; y los recientes acontecimientos en Siria en ‘la lucha contra una tiranía que asesina pacifistas’. Cada una de estas ‘nobles’ justificaciones ha sido probada en su falsedad por comisiones de la ONU, organismos de DDHH y el periodismo independiente.

De no participar crítica e instrumentalmente en la contingencia electoral de 2013, sólo quedan tres alternativas para el anticapitalismo: lanzar una ofensiva político-militar del pueblo revolucionario; llamar a anular el voto como protesta antisistémica; o dejar hacer.

La primera no resiste análisis; la segunda probará, una vez más, que anular en Chile es ineficaz políticamente; que llamar a la abstención, oportunista; y dejar hacer, cómodo. No participar hoy significa la pérdida de oportunidades de acceso a la comunicación masiva desde los intereses del pueblo y a través de medios todavía ‘veraces’ para gruesas franjas sociales y donde los medios populares aún no llegan (más por falta de recursos y tecnología, y persecución política, que por sus probados talentos y creatividad). Siempre considerando que el uso político popular de la TV, la radio, los periódicos, las web de los que mandan tiene como finalidad sustantiva potenciar al movimiento social y sus luchas. En fin. No es un asunto moral, principista, o una conspiración para distraer políticamente a los de abajo. Simplemente es útil.

Ante las elecciones anteriores quien suscribe este artículo llamó a votar nulo. Pero ahora las condiciones han variado y, además, hay por quién votar-luchando. Y no se está aludiendo en ningún caso a Marcel Claude, sino a la candidatura de una luchadora fogueada y con un entorno de incuestionables militantes populares. De una candidata que desde hace mucho tiempo es dirigenta de pobres en permanente pelea contra los dueños de todo. Una que es protagonista del movimiento social anticapitalista y que siempre ‘ha puesto el cuerpo’. No se trata de una ‘aparecida’ para nadie. Y que aun con procesos judiciales por luchar, hace de su campaña un todo único con su batallar de siempre ( http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=es&cod=74509 ). Su campaña electoral es una extensión de su condición humana de luchadora social y no lo contrario.

7. Finalmente y como contribución modesta al debate anticapitalista chileno. Una Asamblea Constituyente para la construcción de una nueva Constitución, a la usanza histórica de Chile, es una reunión de abogados y especialistas de las expresiones políticas del bloque en el poder para refinar y actualizar la arquitectura legal de dominación. Lamentablemente, no sería distinto según las actuales relaciones de fuerzas en el Chile de hoy. De hecho, ni Salvador Allende ni la Unidad Popular la convocaron. Y la Constitución de 1925 consagraba la propiedad privada en todos sus niveles y salvaguardaba los intereses de la clase dominante. Fue legalizada mediante un plebiscito donde participaron 134 mil hombres de más de 21 años que supieran leer y escribir, y el quórum no alcanzó el 50 % de los pocos habilitados para sufragar. La población de Chile era de 4 millones de personas.

Una Asamblea Constituyente radicalmente democrática y una Constitución Popular es un punto de llegada, posterior a la construcción de la hegemonía política de los intereses históricos de los trabajadores y los pueblos. Porque las leyes son también hijas de la lucha de clases y de las relaciones de poder, y no al revés. Sólo cuando la dictadura militar contaba 7 años y ya imponía en los hechos la versión del capitalismo ultraliberal de Friedrich Hayek y Milton Friedman, fabricó una Constitución.

Primero es el poder y luego los cuerpos jurídicos que refrendan y legitiman las relaciones de fuerzas sociales realmente existentes en una sociedad dada. Los ejemplos recientes en América Latina no hacen más que confirmarlo.

 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

Economía solidaria y soberanía alimentaria

Por Patricia Dopazo y Gustavo Duch

La actividad económica ha existido siempre, la pregunta es ¿qué leyes económicas deben regirla? Curiosamente debemos rescatar valores que hoy las escuelas de negocios dirían ‘antieconómicos’

Son muchos los términos con nombre y apellido que van apareciendo en nuestra sociedad en los últimos años: agricultura ecológica, banca ética, comercio justo, etc. ¿Qué ha ocurrido para presuponer que, según esto, el comercio es de naturaleza injusta, la agricultura daña el medio ambiente o la banca está lejos de ser ética? Añadamos uno más, economía solidaria.
“Economía” es una palabra compleja, que nos hemos acostumbrado a escuchar y leer y a lo que hay que sumar que quizá los medios de comunicación la han vaciado de contenido, o al menos simplificado en exceso. Y ahora necesita adjetivos, porque hay muchas economías. Economía real, economía verde, economía solidaria…
Economía de visión limitada
Sin entrar en detalles, si observamos muy rápido la evolución del término economía a lo largo de la historia, veremos que ha ido variando, independientemente de sus múltiples disciplinas y escuelas, arrastrada, como todo, por las circunstancias históricas, pero también por la particular visión que los valores capitalistas le han ido dando, incluso bastante antes de que este sistema se consolidara como tal.
El concepto de economía surgió ligado a la naturaleza, a la tierra. Podemos decir que se trataba de una ciencia social que administraba los recursos naturales al servicio de los individuos y de la sociedad, y era consciente de la complejidad que esto entrañaba. Se entendía a sí misma como parte inseparable de la biosfera, y por tanto, tenía en cuenta que sus actividades generaban impactos, productos y residuos, tanto a nivel físico como social.
Para los fisiócratas, la corriente económica que mantuvo este enfoque, la agricultura era el único proceso que generaba producción y riqueza: de una semilla se obtenía una planta y de ésta frutos y varias semillas. Los procesos industriales, sin embargo, sólo modifican, sin multiplicar ni añadir nada (Quesnay, citado por Carpintero, 1999).
Con la revolución industrial y la evolución del comercio, la ciencia económica completa su focalización en lo monetario, en los valores de cambio. Se produce una ruptura muy importante, al quedar fuera del sistema económico dominante los procesos sociales y naturales y dejar de entenderse como una disciplina integral e integradora, para estudiar un sistema cerrado donde todo tiene traducción monetaria.
La economía convencional, compartimentada como todas las ciencias modernas, externaliza, por tanto, todos los procesos naturales y los residuos que provoca toda transformación o uso de productos, los deja fuera de su contabilidad. Se aísla de la realidad y se cree apartada del sistema social y del medio ambiente, confundiendo valor y precio, riqueza con dinero y, sobretodo, no midiendo sus consecuencias.
Así, los resultados de lo que hoy conocemos como economía no es extraño que ignoren los impactos sociales y ambientales de los que a mitad del siglo XX se empieza a alertar. La reciente globalización, además, desestructura los procesos económicos y sociales de los territorios, supeditando aún más el desarrollo a la generación de riqueza, entendida como acumulación de capital.
La economía como ciencia, lejos de regular o explicar actividades económicas, se pone al servicio del capitalismo, y, como dicen algunos autores, nos encontramos en el s.XXI rodeados por una econocracia o sistema econocrático que sirve a una ideología muy distante de la equidad y la justicia. Por cierto, y como no podía ser de otra manera, sumido en estos momentos en una crisis global.
La economía solidaria
La sociedad de la información nos ha permitido ser más fácilmente conscientes de las causas y consecuencias del modelo económico imperante, el capitalismo, extendido por doquier: pérdida de cultura, degradación ambiental, abandono de ciertas actividades generadoras de tejido social local (como la agricultura a pequeña escala), acumulación de poder y monopolios de grandes empresas transnacionales, pérdida de derechos laborales, discriminación por sexo, condición física, etc.
Además de la denuncia, desde la sociedad civil consciente y activa se generan alternativas como las ya mencionadas al comienzo del artículo. Una de ellas es la economía solidaria, que devuelve a la economía su verdadera finalidad: proveer de manera sostenible las bases materiales para el desarrollo personal, social y ambiental del ser humano en cada territorio.
La economía solidaria se basa en los valores universales que deben regir la sociedad: equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social y democracia directa, y está definida en la Carta de la Economía Solidaria (de REAS, Red de Economía Alternativa y Solidaria) a través de sus seis principios:
Principio de Equidad. Todas las personas somos iguales a efectos de derechos y oportunidades, entendiéndose y respetándose la diferencia como una fuente de diversidad que aporta riqueza a la sociedad. Según este principio, nadie puede ser objeto de discriminación o dominación, y la igualdad será ejercida a efectos de información, retribución, solidaridad, participación, etc.
Principio de Trabajo. El trabajo es mucho más que un empleo u ocupación. Se trata de un elemento clave que permite el desarrollo de las capacidades de las personas, poniéndolas al servicio de las necesidades de la comunidad y satisfaciendo sus verdaderas necesidades. Este concepto amplio le confiere dimensión humana, social, política, económica y cultural y reconoce igualmente el trabajo no remunerado, al no ser el intercambio monetario condición determinante.
Principio de Sostenibilidad Ambiental. Todas las actividades que se llevan a cabo lo hacen con respeto por el medio ambiente, del que se sienten parte. De esta manera se promueve el consumo responsable, la conservación de la biodiversidad, la soberanía alimentaria, el decrecimiento. Se minimizan los impactos, haciendo un uso energético eficiente, reutilizando, reduciendo el consumo de recursos, reciclando y promoviendo estas prácticas entre trabajadores y personas usuarias. También, en coherencia con todo lo anterior, se pone en práctica la restauración y recuperación de espacios degradados.
Principio de Cooperación. En contra de los criterios de competencia que son frecuentes en la actividad económica convencional, se defiende la cooperación, la confianza, la transparencia, como forma de optimizar el trabajo, de compartir avances y conocimientos para el beneficio mutuo. La cooperación necesita de comunicación, de interactuación, de espacios donde compartir los retos, los avances y los objetivos comunes que generan tejido económico. La economía solidaria, con su trabajo en red, genera estos espacios.
Principio sin fines lucrativos. La economía solidaria, en coherencia con el resto de principios integrales, pretende la redistribución y reinversión de la riqueza generada en la propia organización o empresa, en contraposición a la deslocalización o al uso de esa riqueza para la práctica especulativa. De esta forma, reinvirtiendo, se repercute en la sostenibilidad de la actividad y en que, por ejemplo, cada vez pueda ofrecerse trabajo de manera autónoma y autogestionada a más personas a medida que la actividad prospera.
Principio de compromiso con el entorno. El entorno debe ser entendido en sentido amplio, como el espacio físico, cultural, social en el que se desarrolla la actividad económica; en primer lugar en sentido local, inmediato y de cercanía y, de manera inseparable, como parte del contexto global. La integración en el entorno próximo, promoviendo su conocimiento, la información y la participación en la resolución de los problemas propios de cada lugar genera, entre otras cosas, tejido social, sentimiento de pertenencia o redes sociales, elementos muy importantes para el desarrollo de la economía solidaria.
En el Estado español, REAS se constituye en 1995 para impulsar y aglutinar las iniciativas de la economía solidaria. En la actualidad es una red de redes que reúne proyectos con larga experiencia relacionadas con la inserción social, la financiación alternativa, el consumo transformador, la formación, la industria, etc, y se encuentra fuertemente consolidado en varias comunidades autónomas.
Alimentar el actual sistema económico o al planeta.
La profundización del capitalismo con sus últimas fases neoliberales ha arrastrado el modelo de agricultura y alimentación hacia un sistema globalizado, de cadenas alimentarias larguísimas e interconectadas, dependiente del capital y finalmente pensando en los alimentos sólo como mercancías que multiplican las ganancias. Analizar la agricultura capitalista permite, lamentablemente, entender bien las consecuencias del modelo, hoy colapsado, cuando se enfoca exclusivamente al crecimiento entendido como la acumulación de riqueza de unos pocos.
Las consecuencias de este modelo son claramente visibles por la población y cada vez más fuertemente rechazadas: pobreza, hambre y desaparición del medio rural y sus gentes campesinas, degradación de los ecosistemas, pérdida de suelos, contaminación del agua, calentamiento del planeta y una alimentación insana e insegura. Este sistema de producción intensivista, mercantilizado y que no reconoce los límites del planeta, es responsable de un futuro amenazador en forma de cambio climático, privatización de los recursos naturales, etc.
Igual que más PIB no significa más desarrollo, más producción agroindustrial no significa más ni mejor alimentación. De hecho, ocurre lo contrario, nunca antes se habían producido tantas materias primas, ni nunca antes ha habido tanta gente pasando hambre. La dinámica consumista propia de estas economías capitalistas que cuestionamos, orientada por y para los mercados -también en la alimentación- hemos visto que no ayuda a satisfacer los derechos humanos básicos, además de ofrecernos alimentos dudosos en su calidad y aportes nutritivos.
Sin embargo, por suerte, el sistema agroalimentario también es un buen ejemplo de las nuevas propuestas que nacen para hacer frente a estas circunstancias. Bajo el paraguas ideológico de la Soberanía Alimentaria, cientos de iniciativas y movimientos sociales han sido capaces de transgredir los perversos paradigmas dominantes.
El más antiguo de los lemas de la Soberanía Alimentaria era premonitorio: LA ALIMENTACIÓN NO ES UNA MERCANCIA, desterrando el protagonismo que los mercados han conseguido en los últimos años. Si en la economía solidaria los valores humanos se ponen por delante de los intereses económicos, en la soberanía alimentaria, de forma análoga, se pone a la economía al servicio de la alimentación (facilitar mecanismos comerciales, financieros, etc.), nunca al revés.
Así pues, la Soberanía Alimentaria encaja como un modelo de economía social y solidaria, resituando la función de la agricultura con mucha claridad: una práctica que, de manera respetuosa con el medio ambiente y adaptada a cada territorio, produce alimentos para las comunidades locales a la vez que se convierte en un medio de vida para quienes la desarrollan, generando economías de pequeña escala y reales.
Cuando hablamos de una agricultura que recupera su sentido primario, alimentar a la población, reivindicamos también la importancia de este sector, el PRIMARIO, en las economías actuales. No podemos construir ninguna economía sostenible reduciendo el sector primario a la mínima expresión.
Sólo desde estas precisiones, ‘alimentar a las comunidades’, se alcanzará la meta de alimentar al mundo. Sólo permitiendo ‘medios de vida’ para las gentes campesinas se alcanzará la igualdad y la erradicación de la pobreza, ya que la Soberanía Alimentaria es también una fórmula para distribuir justa y equitativamente las rentas del trabajo.
Por último, la Soberanía Alimentaria, recupera valores campesinos que bien podemos aplicar en las economías solidarias, por ejemplo la austeridad. Es decir, hemos de entender la agricultura y la alimentación –y la economía- dentro de un planeta vivo y finito, evitando el derroche, el despilfarro de nutrientes y energía… recuperando el sentido común y caminando siempre en los límites de la sostenibilidad y de sus posibilidades reales que, recuperando esta consciencia, son, de verdad, ilimitadas.
La agricultura en una economía capitalista con la agricultura en una economía solidaria, comparemos:
Donde ahora tenemos una agricultura separada de la Naturaleza (o peor, una agricultura que se siente dominadora de la Naturaleza) recuperaremos una agricultura que es parte de la Naturaleza, y ésta, por cierto, la recompensará.
Dónde ahora tenemos una agricultura machista (producir más, ser la empresa más fuerte, tener el tractor más grande…) buscando el control y el poder, tendremos una agricultura feminista revalorizando las ansías del cuidar y del ofrecer.
Donde tenemos una agricultura que, como los trenes de alta velocidad, no paran en ninguna estación, tendremos una agricultura de cercanías, recuperando en cada estación, sea verano o invierno, los sabrosos productos locales y de temporada.
Donde ahora dependemos del petróleo, negro, viscoso y ¡finito!, para producir alimentos, la agricultura del futuro volverá a trabajar con el Sol, un aliado voluntario, generoso y nunca absentista.
Frente a la agricultura de una cosechadora que siega, trilla y contamina –tres en uno-, proponemos una agricultura intensiva… en mano de obra, generando muchos medios de vida.
Frente al gran modelo de distribución, recuperemos el pequeño comercio, los mercados locales y nos organizamos en grupos de consumo para decidir qué comemos y quien lo produce.
Por último, frente a las cosechas uniformadas del monocultivo, se apuesta por huertos fundamentados en la biodiversidad. Patatas, ovejas, patos, guisantes, berenjenas y altramuces comparten la misma tierra, y eso les hace sanos.www.ecoportal.net
Patricia Dopazo y Gustavo Duch.
Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas.
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De Manchester a Bangladesh: Los trapos sucios de la moda global

English: Taqiyah (or kufi caps) in Pettah mark...

El 8 de marzo de 1857 un grupo de obreras textiles recorría los barrios más ricos de Nueva York. Protestaban por sus condiciones laborales. El 8 de marzo de 1908, 146 obreras morían en un incendio provocado en la fábrica Cotton de Nueva York. Desde entonces, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. A mediados del siglo XIX y durante las primeras décadas del XX, las trabajadoras de EE UU y Europa reclamaban una jornada laboral de 10 horas, permisos de maternidad y lactancia, la prohibición del trabajo infantil, el derecho a una formación profesional y a formar parte de un sindicato. El siglo XIX dejaba acuñado el término capitalismo manchesteriano. El prototipo de un capitalismo en estado puro, de explotación salvaje, que había caracterizado la actividad fabril de la ciudad inglesa. En 2013 Manchester está en Bangladesh.

Mientras las firmas internacionales de moda y las grandes cadenas de distribución seducen a su clientela con la actualización constante de sus diseños y los bajos precios de sus productos, obreras de China, Marruecos, Bangladesh, Honduras o Rumanía viven rodeadas de prendas de ropa que confeccionan durante más de 12 horas diarias, a cambio de salarios que apenas cubren sus necesidades más básicas.

La deslocalización de la producción de ropa a países económicamente empobrecidos se aceleró en los años 90, momento en el que se consolidó un modelo de negocio caracterizado por la subcontratación de proveedores. Las grandes marcas, que en el pasado producían su propia ropa, pasan a ser empresas que diseñan, distribuyen y comercializan prendas fabricadas en todo el mundo, en talleres y fábricas que son propiedad de terceros. Para competir en este sistema, que externaliza los costes laborales en países con mano de obra barata, las pequeñas firmas de moda también se asocian y adoptan el mismo modelo de negocio. El gran éxito de firmas internacionales como H&M o Zara (del grupo Inditex) no se entendería sin el abaratamiento del coste de sus productos a partir de la deslocalización de buena parte del proceso de manufactura.

Décadas Deslocalizado

La primera gran oleada de deslocalizaciones del sector de la confección se produjo en los 70 y tuvo como países receptores Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong Kong y Túnez. La entrada de ropa barata en los mercados occidentales motivó que en 1974 se firmara el Acuerdo Multifibras (AMF), que establecía un sistema de cuotas y límites. Lejos de suponer una limitación a la globalización de la moda, la AMF provocó que las firmas internacionales buscaran proveedores en otros países que no estuvieran incluidos en el sistema de cuotas.

En los años 80, una segunda oleada deslocalizadora abandona los “tigres asiáticos” y se desplaza a países como Sri Lanka, Filipinas, Bangladesh, Tailandia e Indonesia. Mientras América Central y México pasan a ser áreas clave para proveer de ropa las tiendas estadounidenses, Turquía, Túnez y Marruecos se convierten en los talleres de costura del mercado europeo. A finales de los 90 entran en escena otros países productores, como Botswana, Kenia, Tanzania, Uganda, Camboya, Laos o Birmania.

Los últimos países elegidos en la periferia los últimos años se caracterizan además por un patrón común: están fuertemente endeudados con la banca privada y con el Fondo Monetario Internacioanl (FMI) y el Banco Mundial (BM), que les han impuesto planes de ajuste orientados a la exportación y la mejora de la competitividad. Es decir, de una mayor explotación. La industria de la moda, además, impide el desarrollo: se les encarga a estos países la parte con menor valor añadido del mercado legal, se les impone un sistema de acuerdos internacionales donde siempre son los débiles y el movimiento obrero debe enfrentarse constantemente a la amenaza de la deslocalización[1].

Esclavitud en la industria textil

Desde mediados de los 90 numerosas plataformas y organizaciones sociales vienen denunciando la explotación laboral y haciendo frente al silencio mediático que rodea el negocio de la confección textil bajo la globalización. A pesar de más de 25 años de trabajo de redes consolidadas como la Campaña Ropa Limpia internacional y de “compromisos” públicos de las grandes firmas internacionales (en reacción a las denuncias realizadas), hoy nos seguimos encontrando las mismas situaciones que en los 90.

La amenaza constante de cierre y de deslocalizaciones y la debilidad de los movimientos obreros en los países productores sigue contribuyendo a que la realidad escondida tras el glamour que nos venden deportistas de élite, modelos y diseñadores se quede en Marruecos, en China o Bangladesh. El sector global de la confección continúa nutriéndose del trabajo de millones de personas que viven en la pobreza a pesar de hacer largas jornadas laborales. Las prácticas de compra de las marcas, derivadas del modelo de producción, consumo y comercio internacional, se encuentran en la raíz de las condiciones de trabajo y de vida de las trabajadoras.

Para las personas que trabajan en la industria de la confección global, cobrar un salario que permita cubrir sus necesidades con un mínimo de dignidad se ha convertido en su mayor preocupación. Es un sector que tradicionalmente se caracteriza por condiciones pésimas y una de las retribuciones salariales más bajas del mundo, con consecuencias directas que se derivan de ello: largas jornadas de trabajo, desestructuración familiar, asunción de deudas impagables, malnutrición de niños y adultos y, en definitiva, unos costos incuantificables en forma de sufrimiento humano. Todo ello, vulnerando derechos fundamentales, como el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos relativo a una remuneración equitativa y satisfactoria, o las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que afirma que “el salario mínimo legal debería constituir un elemento clave en las políticas para eliminar la pobreza y asegurar las necesidades de las personas trabajadoras y de sus familias”.

Casi todos los países tienen establecidos salarios mínimos legales pero, con el fin de atraer la inversión extranjera, los gobiernos fijan los mínimos muy por debajo de los niveles de subsistencia. En consecuencia, en algunos países, los salarios mínimos no alcanzan los umbrales de pobreza absoluta internacionalmente aceptados. En Bangladesh no llega a un dólar diario, y en la India, Sri Lanka, Vietnam, Pakistán y Camboya, se sitúa entre los dos y los cuatro dólares diarios. Salarios imposibles para garantizar necesidades básicas como son la alimentación, la vivienda, la ropa y servicios imprescindibles como la educación, la salud o el transporte.

La carestía de la vida de ha agravado, además, bajo un contexto de subida de precios de los productos básicos que ha mermado el poder adquisitivo, más aún cuando buena parte de los salarios está destinada a la alimentación. Una mujer de Indonesia que trabajaba para un proveedor de Nike, Reebok y Walmart comentaba en una entrevista realizada en 2009: “Hay aumentos del salario mínimo, pero el coste de la vida aumenta más rápido. Para empeorar la situación, desde hace poco, la empresa ya no nos subvenciona el transporte ni la comida”. En Bangalore, India, hay un sistema trianual de revisión salarial, pero el salario real ha disminuido un diez por ciento en los últimos 15 años. En Tailandia, los salarios aumentaron únicamente 18 bath (38 céntimos de euro) entre 1997 y 2005. En Vietnam y China los sueldos estuvieron congelados durante más de una década[2].

La peor situación, en este sentido, es la de Bangladesh. El Producto Interior Bruto (PIB) de Bangladesh crece a un ritmo del cinco por ciento desde 1990, según el Banco Mundial, y se ha convertido en el tercer exportador internacional de ropa. En el país hay más de 4.000 fábricas de ropa y confección donde trabajan más de tres millones de personas, la gran mayoría mujeres. El elemento clave de este crecimiento ha sido la gran disponibilidad de mano de obra extremadamente barata debido a la pobreza y la escasa regulación de los derechos laborales.

Los salarios más bajos del mundo conviven con una alta inflación que genera un rápido empobrecimiento de los obreros y las obreras. El salario mínimo legal estuvo congelado desde 1994 hasta 2006 mientras la inflación registró tasas del cuatro y el cinco por ciento anuales. El incremento del salario mínimo de 930 taka a 1.662,5 taka mensuales (unos 18 euros), en 2006, fue el resultado de manifestaciones multitudinarias y de una ola de revueltas urbanas que recibieron una fuerte represión policial. La triplicación del precio del arroz registrada en 2008 inutilizó, sin embargo, el incremento de 2006 y generó una nueva ola de movilizaciones fuertemente represaliada. En 2010 el gobierno fijó un salario mínimo de 3.000 taka (unos 32 euros) mensuales[3]. Las movivilizaciones de obreros y obreras no han parado, pero la represión tampoco. Doble impacto tiene ésta sobre las mujeres trabajadoras, que son las que sufren las peores consecuencias según la OIT: “salarios bajos, más horas de trabajo, frecuentemente temporal y en negro, prolongando aún más sus largas jornadas laborales”.

Agotamiento interminable

Las jornadas de la industria de la confección se alargan hasta las 12 o 14 horas diarias. Algunos fabricantes incluso encadenan varios turnos en momentos de mucho trabajo o para hacer frente a plazos de entrega muy cortos. Las trabajadoras no pueden negarse porque su salario base no es suficiente para cubrir las necesidades más básicas y para mantener una familia. Extorsionando la pobreza, las trabajadoras aceptan la sobreexplotación, ven dañada su salud y pierden la posibilidad de formarse, de educar a los hijos, de alcanzar una vida digna.

Tras años trabajando en habitaciones pequeñas, mal iluminadas, sin ventilación, respirando polvo y partículas en suspensión y en posiciones corporales inadecuadas mantenidas durante muchas horas, sufren fatiga visual y lesiones y desarrollan numerosas enfermedades. Sin seguro médico ni cobertura o subsidio por baja.

La investigación realizada por la Campaña Ropa Limpia en Tánger en 2011 mostraba cómo en Marruecos, dónde la mayor parte de las firmas españolas tienen fábricas proveedoras, lo común es que las obreras realicen jornadas de más de 55 horas semanales, excediendo de forma sistemática el límite legal del país[4]. Otra investigación realizada en Bangladesh, India, Tailandia y Camboya en 2008[5], centrada en fábricas proveedoras de grandes cadenas de distribución como Lidl, Aldi, Tesco, Walmart y Carrefour, apuntaba que las jornadas laborales raramente eran inferiores a las 10 horas diarias en semanas de trabajo de seis días.

Represión sindical y dificultades para la negociación colectiva

A pesar de la libertad de asociación y de negociación colectiva son dos derechos fundamentales, establecidos por la OIT y definidos como “derechos habilitantes” (es decir, que su ejercicio es necesario para que otros derechos sean respetados), su defensa y protección es una tarea imposible. A los y las trabajadoras se les niega abiertamente la posibilidad de sindicarse.

En muchos de los países productores de ropa, los gobiernos restringen, dificultan e, incluso, prohiben los sindicatos independientes y la negociación colectiva, todo ello en un contexto de sobreexplotación laboral. Las y los empresarios, a su vez, recurren si es necesario a la intimidación, los despidos, las listas negras y, a menudo, a la violencia física. Es práctica extendida la creación de listas compartidas sobre sindicalistas.

Nuevas formas de lucha

Pero las trabajadoras buscan maneras de organizarse y luchar para mejorar sus condiciones. La Federación Sindical Internacional de Trabajadores/as del Textil, la Confección y el Cuero (ITGLWF, por sus siglas en inglés) cuenta con 217 organizaciones afiliadas de 110 países[6]. El contexto internacional de ofensiva neoliberal ha limitado mucho el poder de negociación de los sindicatos. El empresariado local dispone de márgenes impuestos muy cortos para aceptar salarios más altos y está sometido a fuertes presiones de las firmas internacionales. Ante la posibilidad de perder sus beneficios, traslada la presión a las personas trabajadoras. Y la amenaza de la deslocalización y del cierre de los centros de trabajo opera como el argumento más utilizado para fomentar la desmovilización.

En Bangladesh, por seguir con el ejemplo que nos ocupaba en párrafos anteriores, los pequeños avances logrados en la remuneración de las personas trabajadoras se han conseguido en un contexto de brutal represión gubernamental y empresarial. En enero de 2007, se decretó el estado de excepción, que ha intensificado las limitaciones a las libertades de reunión y de expresión y ha dado cobertura a la persecución, detención y tortura de cientos de activistas y líderes sindicales. La Campaña Ropa Limpia ha impulsado diversas acciones de solidaridad internacional con las personas detenidas y, en especial, con los miembros del BCWS (siglas inglesas del Centro de Solidaridad con los Trabajadores y trabajadoras de Bangladesh) Aminul Islam y Kalpona Arkter, que en agosto de 2010 fueron encarcelados y torturados durante 30 días debido a las denuncias de varios empresarios propietarios de fábricas proveedoras de empresas como WalMart, Carrefour o H&M. Aunque los dos fueron liberados, el 10 de abril de 2012 Aminul Islam apareció muerto con signos de tortura.

Frente a unos mercados laborales salvajes que esclavizan a las legiones de obreras procedentes de zonas rurales en profunda crisis, aumentan los movimientos de obreras que exploran nuevas formas organizativas y que se apoyan en la solidaridad internacional para abrir brechas de resistencia. Al mismo tiempo, y quizás en parte porque los sindicatos marginan sistemáticamente a las mujeres y no logran tener una presencia relevante en un sector tan feminizado como el de la confección, crecen las organizaciones localizadas en los barrios que agrupan a trabajadoras que no comparten necesariamente centro de empleo pero sí tienen situaciones laborales y personales similares.

La colaboración entre este tipo de movimientos y las campañas internacionales que trasladan a las consumidoras y a los consumidores la realidad de los centros de producción es la vía de presión a las marcas internacionales que ha permitido conseguir numerosas victorias en casos puntuales de represión sindical en muchos países productores de ropa. Victorias que, lejos de reconocer un compromiso real de las empresas transnacionales por impulsar cambios estructurales en el sector, se convierten en imprescindibles para mantener y reproducir los núcleos de lucha presentes en todos y cada uno de los lugares donde las obreras sufren explotación.

 

 

NOTAS:

  1. Sales, Albert (2011): Moda: industria y derechos laborales, SETEM, Campaña Ropa Limpia, Barcelona.
  2. Merk, Jeroen (2010): Tejiendo salarios dignos en el mundo, SETEM, Campaña Ropa Limpia, Madrid.
  3. Alam, Khorshed (2012): Stitched Up. Women workers in the Bangladeshi garment sector, War on Want, London.
  4. Sales, Albert; Piñeiro, Eloísa (2011): La moda española en Tánger: trabajo y supervivencia de las obreras de la confección, SETEM, Campaña Ropa Limpia, Barcelona.
  5. Campaña Ropa Limpia (2009): Pasen por caja, SETEM, Barcelona.
  6. Ver la web de la federación ITGLWF (International Textile, Garment and Leather Workers Federation): www.itglwf.org.

Albert Sales i Campos, sociólogo y polítologo, es activista de la Campaña Ropa Limpia y miembro del Colectivo RETS.

Este artículo ha sido publicado en el nº 55 de Pueblos – Revista de Información y Debate – Primer trimestre de 2013.

Trabajo doméstico: Poco reconocido, pero no menos importante

Por Masiel Fernández Bolaños*

Español: Figura de Eva Perón en el Ministerio ...
Español: Figura de Eva Perón en el Ministerio de Trabajo sobre la Avenida 9 de Julio. (Photo credit: Wikipedia)

La Habana (PL) Cerca de 53 millones de personas en el orbe son trabajadores domésticos, sin embargo ese tipo de labor es muchas veces poco reconocida.

Algunos expertos consideran que, debido a que dicha responsabilidad con frecuencia es ocultada o no declarada, la cifra total podría rondar los 100 millones.

En el nivel mundial, constituye el 3,6 por ciento del empleo asalariado y es una variante generalmente asumida por mujeres, niñas y por muchos inmigrantes.

Estos individuos realizan una serie de tareas para otras personas, entre ellas cocinar, limpiar, lavar la ropa y cuidar de los infantes, ancianos o discapacitados.

También trabajan como jardineros, vigilantes o choferes de familia.

Empero, los especialistas señalan que con frecuencia son excluidos de la protección en la legislación laboral y en la seguridad social.

Esto se debe a que los quehaceres, en parte, se llevan a cabo en los hogares e involucra, en gran medida, tareas que las mujeres tradicionalmente realizan sin recibir un salario.

¿QUÉ HACER AL RESPECTO?

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hay un reconocimiento cada vez mayor del valor económico y social del trabajo doméstico y de la necesidad de mejorar sus condiciones.

Para ello, un número de países ha puesto en práctica o está formulando medidas legales y políticas.

Recientemente el Convenio de la OIT sobre los trabajadores domésticos fue ratificado por otra nación, Filipinas, apenas unos meses después de que Uruguay se convirtiera en la primera en hacerlo.

La decisión de Filipinas abrió el camino a su entrada en vigor dentro de un año por completarse el mínimo de dos países necesarios para hacerlo.

El tratado extiende los derechos fundamentales a decenas de millones de personas involucradas con un sector que continúa estando insuficientemente reglamentado y que, en gran parte, aún pertenece a la economía informal, explicó la OIT.

Asimismo, ha establecido que los domésticos deben tener los mismos derechos fundamentales que quienes desempeñen otras labores.

Los derechos incluyen horas de trabajo razonables, descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas, e información clara sobre los términos y condiciones del empleo, entre otros.

La OIT precisa que la norma cubre a todos los trabajadores domésticos y comprende medidas especiales para proteger a aquellos que, debido a su temprana edad, nacionalidad o situación de residencia, pueden estar expuestos a riesgos adicionales.

Los analistas del mercado laboral consideran aún insuficiente el reconocimiento a la contribución de los trabajadores domésticos a la economía mundial.

Por ello, abogan por enfoques innovadores y creativos con el fin de protegerlos y al mismo tiempo de responder a las necesidades de las familias y hogares que los emplean.

EL CASO DE EUROPA

Desde hace tres años Europa enfrenta una crisis que ha hecho del mercado laboral su principal víctima.

Elevadas tasas de desempleo, ubicadas hasta en máximos históricos, forman parte de la realidad del llamado Viejo Continente. En ese contexto, los expertos señalan que los trabajadores domésticos en Europa enfrentan un vacío legal, porque no disfrutan de la misma protección que otros.

Explican que, aunque hay muchas leyes que protegen a los domésticos, aún persisten lagunas en la legislación, y que el cumplimiento de dichas normas suele ser débil.

Los inspectores laborales sólo pueden aplicar las leyes vigentes, pero no siempre es posible adaptarlas a las especificidades del trabajo doméstico.

La inobservancia de la legislación se vincula al hecho de que tales faenas pocas veces son percibidas como una forma real de empleo, añaden.

Además, el acceso a los hogares privados se encuentra restringido y pocos trabajadores domésticos están dispuestos a denunciar abiertamente a sus empleadores.

Como resultado, la mayoría de las inspectorías del trabajo en Europa no se han ocupado mucho de ese sector.

Por ello, especialistas opinan que el principal desafío continúa siendo que muchos trabajadores domésticos en Europa laboran en la economía informal, lo cual constituye un obstáculo considerable para que los inspectores logren prevenir y penalizar cualquier forma de abuso.

Como una gran parte de los trabajadores domésticos se encuentran en la economía informal, los datos oficiales no brindan la verdadera dimensión de ese tipo de labor.

En Alemania, por ejemplo, la oficina de estadísticas reporta que hay 700 mil trabajadores domésticos, pero los sindicados sitúan la cifra de hogares que los emplean en más de dos millones.

El envejecimiento poblacional en todo el continente ha provocado el aumento de la demanda en ese segmento del mercado laboral.

Bajo dichas condiciones, los analistas consideran esencial informar a las personas sobre sus derechos y deberes a fin de lograr que se integren a la economía formal y mejorar su protección.

Entendidos en materia jurídica abogan por establecer reglas más claras para emplearlos y conferirles un estatus adecuado.

Se cree que el Convenio de la OIT sobre los trabajadores domésticos contribuirá a otorgar reconocimiento y una mejor protección a una profesión que aún en la actualidad permanece invisible.

*Periodista de la redacción de Economía de Prensa Latina.

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