Manifestaciones en Brasil: para mal… o para bien

Português do Brasil: O presidente Lula partici...
Português do Brasil: O presidente Lula participa da convenção nacional do PT, que confirmou a candidatura da ex-ministra Dilma Rousseff à Presidência da República e Michel Temer (PMDB) como vice na chapa. (Photo credit: Wikipedia)

Hedelberto López Blanc

Para muchos resulta inconcebible que en Brasil ocurran manifestaciones masivas de reclamos populares en un país donde desde hace 10 años se ha reducido la inmensa asimetría entre ricos y pobres, se han puesto en marcha numerosos programas sociales y más de 32 millones de personas salieron de la escala de pobreza en la que se mantuvieron durante décadas,.

Por primera vez en muchas décadas ocurre esa situación en América Latina, es decir, casi un millones de personas, sin ser convocadas por partidos políticos, salen a las calles a exigir mejoras y rebajas en las tarifas del transporte público, en la atención a la salud y la educación de la población, y lo principal, son aceptadas sus demandas por las autoridades.

En la mayoría de los casos las manifestaciones en Latinoamérica, han sido reprimidas con violencia por las autoridades de turno como ha ocurrido recientemente en Chile con los reclamos de estudiantes por una educación gratuita y las de campesinos colombianos que exigen la devolución de sus tierras arrebatadas para beneficio de compañías transnacionales.

El detonante fue el aumento de 10 centavos de dólar en el transporte público que lo llevó a 1,50 dólar, (cancelado tras las demandas) por los gastos en la Copa Confederación de fútbol y los que se realizan para el Mundial 2014.

Grupos de la derecha tradicional que no aceptan los cambios para bien de la población ocurridos en Brasil desde el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva y continuados por el de Dilma Rousseff, se infiltraron en las demostraciones encabezadas por el Movimiento Pase Libre, para crear violencia y tratar de que fueran reprimidas para que el gobierno sufriera un alto costo popular.

Pero los organizadores se dieron cuenta de la maniobra, (impulsada por los medios de comunicación entre los que se sobresale la cadena informativa Globo) e inmediatamente declararon que sus demandas se realizaban solo por vía pacífica y que en ningún momento solicitarían la democión de Rousseff cuya aceptación popular del 75 % resulta un récord nacional.

Dilma, tras las grandes manifestaciones iniciadas el 17 de junio y que fueron citadas a través de las redes sociales, hizo gala de sus condiciones de estadista y ofreció rápidas declaraciones en las que adelantó tres medidas urgentes.

La primera, elaboración de un Plan Nacional de Movilidad Urbana, que priorice el transporte colectivo; segunda, asignar el ciento por ciento de las regalías que se obtienen por la explotación de petróleo para la educación, propuesta que estará sujeta a debate en el Congreso, y tercera, la contratación de médicos extranjeros para ampliar el servicio del Sistema Único de Salud (SUS).

Cuando el gobierno federal planteó esta última medida hace dos meses, fue bloqueada por el Colegio Médico y por las fuerzas de derecha dentro del Parlamento.

El 24 de junio, la presidente se reunió con alcaldes y gobernadores brasileños y anunció que convocará a un plebiscito para buscar una reforma política en Brasil “que tanto se necesita”, y combatirá la corrupción.

Dijo que la población debe decidir, a través de un plebiscito, la creación de una Asamblea Constituyente para que sea esta la que se encargue de una reforma política, cuya necesidad se evidenciada por las protestas masivas.

Reveló una nueva inversión para mejorar el transporte público en las grandes ciudades por alrededor de 25 000 millones de dólares.

Tras reunirse ese mismo día con líderes del Movimiento Pase Libre, significó que “Brasil está maduro para avanzar y ya dejó claro que no se quiere quedar parado donde está”. Los movilizados advirtieron que, pese a reconocer los avances tras la reunión con Rousseff, no abandonarán las calles. Es decir, mantendrán el apoyo al gobierno y a la par mantendrán la vigilancia para que se cumplan sus pedidos.

Rousseff también aseguró que se debe dar prioridad especial a combatir la corrupción y propuso establecer penas más severas para los delitos relacionados con la malversación de fondos públicos.

El crecimiento de Brasil ha sido constante en los últimos 10 años, y si en 2007 ocupaba el décimo lugar por el total de su Producto Interno Bruto (PIB), en 2008 superó a Canadá, en 2009 a España para alcanzar la octava posición; en 2010 a Italia y a finales de 2012 esta a solo pocos puntos de Gran Bretaña que ocupa la sexta posición.

La administración de Lula, desde su comienzo en 2002, se ocupó de emprender varios proyectos sociales como Hambre Cero, Bolsa Familia (brindan asistencia a núcleos pobres) y Primer Empleo que facilita a los jóvenes el acceso al mercado laboral, además de los subsidios distribuidos y el aumento del 53 % del salario mínimo desde 2003.

Esos programas han permitido que las capas más desfavorecidas de la sociedad hayan aumentado sus ingresos y tengan más poder adquisitivo lo que impulsa, a la vez, el desarrollo de la economía.

Como complemento directo se suma la financiación de la escolaridad infantil y la elevación del número de los puestos de trabajo, para sacar de la miseria extrema a más de 32 millones de brasileños e ir disminuyendo los altos niveles de criminalidad que existían en esa sociedad.

Los índices de pobreza se redujeron desde el 42 % en 2002 a 20 % en 2011, o sea más de la mitad en nueve años; la tasa de desempleo se fijó a finales de 2011 en 5,2 % (la más baja en toda la historia); mientras diferentes instituciones señalan que se continúa reduciendo la desigualdad y disminuyen las migraciones desde las regiones pobres del campo hacia los centros urbanos.

Pero como afirmó el ministro de Hacienda, Guido Mantega, “aun queda mucho camino por andar pues pese a los avances, Brasil requiere aumentar sus inversiones en el área social, mejorar las infraestructuras en muchos territorios y continuar disminuyendo las asimetrías actuales”.

No parece desacertado afirmar que las actuales manifestaciones en Brasil ayudarán al gobierno a continuar el camino emprendido desde la administración de Lula, en aras de mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Snowden como símbolo de una irritación generalizada

Columna semanal por Fiodor Lukiánov
El caso Snowden es otra muestra evidente de los importantísimos cambios que ha sufrido nuestro mundo en un periodo muy corto desde el punto de vista histórico. Antes los adversarios principales en la lucha interminable entre Rusia y EEUU eran los servicios de inteligencia de los dos países.

Los tejemanejes y las artimañas sin ningún resultado concreto eran una cosa común y corriente. Y aunque esta lucha persiste, va perdiendo su relevancia, convirtiéndose en rutina en las relaciones entre los Estados.

Mientras tanto vemos aparecer a otro protagonista. En la época de la guerra fría el destino más probable de Snowden con sus revelaciones habría sido la URSS y los servicios de inteligencia soviética. Aquél era el camino que siguieron muchos idealistas desilusionados con el mundo occidental y fascinados con el futuro luminoso del comunismo. Los espías rusos, a su vez, “optaban por la libertad”.

Hoy, sin embargo, el adversario clave del servicio de inteligencia, que por su naturaleza es un instituto cerrado y nada transparente, no es otro servicio de inteligencia, sino la sociedad civil. El soldado raso Bradley Manning y el contratado Edward Snowden divulgaron una información que veían como importante no para el enemigo, sino para la sociedad. Esto lo cambia todo.

La entrega de una información confidencial al adversario ideológico o estratégico se califica como una traición en cualquier Estado, independientemente de sus razones. Hacer públicos hechos que indican la intervención de organismos públicos en la vida privada de los ciudadanos y la violación de sus derechos constitucionales representa para muchos un acto de patriotismo. En EEUU, por ejemplo, a Snowden le apoya un grupo muy variado, desde los izquierdistas y los ultraliberales hasta los conservadores libertarios como Randal Paul, que odian al Estado con todo el alma precisamente porque se mete en la vida de la gente.

A la luz de todo esto resulta interesante la reacción de Vladimir Putin. Por una parte, subrayó, naturalmente, que no iba a cumplir las demandas estadounidenses de entregarles a Snowden, pero tampoco mostró ninguna simpatía con el joven norteamericano. Habiendo sido un agente de los servicios de inteligencia, no puede simpatizar con una persona que había violado el régimen de confidencialidad y desdeñado sus compromisos.

En un mundo en el que es imposible ocultar nada, se gesta un nuevo enfrentamiento. Por un lado se encuentran los servicios especiales (todos), centrados en un control total, que parten de la premisa de que en aras de la seguridad total necesitan saber de los ciudadanos todo; y los ciudadanos de ellos, nada. Por otro están sus adversarios, que defienden justo lo contrario: los ciudadanos tienen el derecho de utilizar cualquier medio para levantar el velo que oculta las actividades de los servicios secretos y defender su vida privada. No es nada nuevo, pero la sociedad de información global funciona como un catalizador de este proceso.

Aunque parezca una paradoja, los divulgadores de información confidencial no representan ningún interés para los servicios especiales de otros países. El valor de un agente secreto consiste en su integración en el sistema y la continuidad de su labor, hasta si se trata de una persona en posición secundaria. Haciendo unas declaraciones públicas, rompiendo de manera manifiesta sus lazos con la corporación los divulgadores cierran el camino para su futuro uso.

Los culpables de incidentes como el de divulgación de los materiales vía Wikileaks hace tres años o de la información sobre el sistema PRISM pueden ser hoy aventureros con distintos tipos de manías, como el complejo de Heróstrato. Pero, independientemente de sus motivos, vemos que la sociedad civil intenta cada vez más defenderse de las crecientes capacidades de los servicios especiales. Gracias a Snowden ahora sabemos lo que hemos sospechado desde hace mucho: los servicios de inteligencia aprovechan las redes sociales y los nuevos medios de comunicación de manera activa. Pero la moneda tiene dos caras, y las mismas posibilidades de comunicación ilimitadas actúan en contra de los servicios de inteligencia cuando a alguien se le ocurre descubrir sus secretos. Así que es muy probable que veamos más casos de este tipo y no sólo en EEUU.

Resumiendo, el caso de Snowden coronó la temporada política mundial 2012-2013 de manera muy elocuente. Hipocresía y cinismo, farsa y drama, es una mezcla de todo. Pero lo que hace de este caso un símbolo de la situación actual es su irreversible ambigüedad. Las opiniones sobre Snowden son opuestas e irreconciliables, no hay manera de llegar a un consenso: ésta es la tendencia general a nivel mundial, la humanidad prefiere la separación a la unión. Y la sensación predominante es una irritación provocada por la imposibilidad de cumplir con sus objetivos, de encontrar un consenso entre distintas partes de la sociedad y distintos países. Todo el mundo está descontento con los resultados, pero por varias razones. Y nadie sabe qué hay que hacer para cambiar las cosas.

*Fiodor Lukiánov es presidente del Consejo de Política Exterior y Defensa. Director de la revista Rusia en la política global, una prestigiosa publicación rusa que difunde opiniones de expertos sobre la política exterior de Rusia y el desarrollo global. Es autor de comentarios sobre temas internacionales de actualidad y colabora con varios medios de Estados Unidos, Europa y China. Lukiánov se graduó en la Universidad Estatal de Moscú.